5 cosas que debes saber sobre la extracción no autorizada de aguas subterráneas en Chile 

La extracción de aguas subterráneas en Chile está fuertemente regulada, y su incumplimiento puede acarrear consecuencias legales y económicas. Comprender la normativa vigente sobre derechos de aprovechamiento de aguas y las sanciones aplicables es fundamental para empresas, inmobiliarias y particulares que desarrollan proyectos que dependen de este recurso. 

Se requiere un derecho de aprovechamiento o autorización expresa 

De acuerdo con el Código de Aguas de Chile (Ley N° 18.248 y sus modificaciones por la Ley N° 21.435), ninguna persona puede extraer aguas subterráneas sin un derecho de aprovechamiento de aguas constituido o una autorización expresa de la Dirección General de Aguas (DGA). Todo pozo, captación o sistema de extracción debe estar formalmente registrado y autorizado. La falta de cumplimiento constituye una infracción grave que puede afectar la disponibilidad de agua para otros usuarios y generar responsabilidades legales importantes. 

Las multas por extracción ilegal pueden ser muy elevadas 

El artículo 173 del Código de Aguas establece que la DGA puede imponer multas que van desde 10 hasta 1.000 UTM por la extracción no autorizada de aguas subterráneas. La magnitud de la sanción depende del volumen de agua extraído, la reiteración de la infracción y los impactos ambientales ocasionados. Estas multas representan un riesgo financiero considerable, especialmente para desarrollos inmobiliarios, agrícolas o industriales que dependan del recurso hídrico. 

El pago de la multa no exime de regularizar la situación 

Pagar una sanción económica no significa que la extracción de aguas subterráneas quede legalizada. El infractor debe detener la extracción, instalar sistemas de medición y control de caudales según lo exige la legislación y presentar los antecedentes necesarios para regularizar su situación ante la DGA. La omisión de estos pasos puede derivar en nuevas sanciones o incluso en la paralización de obras. 

La reforma al Código de Aguas fortaleció la fiscalización 

La Ley N° 21.435, vigente desde abril de 2022, introdujo cambios importantes para garantizar la sustentabilidad hídrica. Entre ellos, se exige que todos los derechos de aprovechamiento estén inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas. Además, es obligatorio instalar sistemas de medición para monitorear caudales y volúmenes extraídos, con reportes periódicos a la DGA. La normativa también otorga mayores facultades de inspección y la posibilidad de ordenar la paralización inmediata de extracciones ilegales. 

La prevención y la asesoría legal especializada son fundamentales 

Para evitar riesgos legales y financieros, es crucial verificar la existencia de derechos de aprovechamiento, tramitar los permisos necesarios, cumplir con la normativa de medición y monitoreo, y contar con asesoría especializada en derecho de aguas. Una planificación legal adecuada protege la inversión y asegura que los proyectos se desarrollen dentro del marco normativo vigente. 

En C&L Abogados asesoramos a empresas, desarrolladores e inmobiliarias en todo lo relacionado con derechos de aprovechamiento de aguas, cumplimiento normativo, fiscalización y defensa ante procesos sancionatorios. Nuestra asesoría permite prevenir problemas legales y garantizar que tu proyecto cumpla con la normativa chilena sobre el uso de aguas subterráneas.