5 cosas que debes saber sobre la Ley de Inclusión Laboral 

La Ley N° 21.015, vigente desde 2018, busca promover la inclusión de personas con discapacidad o beneficiarias de una pensión de invalidez en el mercado laboral, generando oportunidades reales de empleo. Esta normativa impone obligaciones específicas a empresas y organismos del Estado, bajo la fiscalización de la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). 

A continuación, te presentamos los aspectos esenciales que toda empresa debe conocer. 

1. ¿A quiénes obliga la ley? 

La Ley de Inclusión Laboral se aplica a todas las empresas, públicas o privadas, que cuenten con 100 o más trabajadores en promedio anual. Estas organizaciones están obligadas a contratar, como mínimo, a un 1% de personas con discapacidad o a quienes sean beneficiarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. El cálculo del promedio de trabajadores se realiza considerando el año calendario anterior, y si se supera el umbral de 100 trabajadores, la obligación se mantiene durante todo el año siguiente. 

2. Formas de cumplimiento 

El mecanismo principal es la contratación directa de personas con discapacidad, en funciones acordes a sus competencias y condiciones de salud. Solo en casos excepcionales y debidamente justificados —por ejemplo, cuando la naturaleza de las funciones lo impida o no existan postulantes que cumplan los requisitos— se permite cumplir mediante medidas alternativas. Estas pueden consistir en donaciones a organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad y con fines de inclusión laboral, o en la celebración de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. En cualquier caso, estas medidas deben ser informadas y autorizadas por la autoridad fiscalizadora. 

3. Obligación de registro e informe anual 

Cada año, las empresas deben informar a la Dirección del Trabajo sobre la forma en que cumplieron con la cuota, indicando si lo hicieron a través de contratación directa o mediante medidas alternativas. Además, es obligatorio registrar los contratos de trabajo de personas con discapacidad en el Registro Electrónico Laboral, adjuntando la documentación que acredite su condición. 

4. Prohibición de discriminación y ajustes razonables 

La normativa prohíbe expresamente toda forma de discriminación hacia personas con discapacidad y exige que el empleador adopte ajustes razonables en el lugar de trabajo para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones de manera efectiva y segura. Estos ajustes pueden incluir modificaciones en la infraestructura, adecuación de herramientas o cambios en los procesos, siempre que no impliquen una carga desproporcionada para la empresa. 

5. Sanciones por incumplimiento 

No cumplir con esta obligación puede generar multas que van desde 40 a 60 UTM por cada mes de incumplimiento, dependiendo del tamaño de la empresa. Más allá de las sanciones económicas, el incumplimiento puede afectar la reputación corporativa y derivar en fiscalizaciones más estrictas por parte de la autoridad. 

Cumplir con la Ley N° 21.015 no solo es una obligación legal, sino una oportunidad para construir equipos más diversos, potenciar el talento y mejorar la imagen pública de la empresa. No esperes a recibir una fiscalización para regularizar tu situación. 

En C&L Abogados te acompañamos en todo el proceso desde revisar tu plantilla de trabajadores, evaluar el cumplimiento de la cuota legal, implementar políticas inclusivas hasta te representamos ante la Dirección del Trabajo si ya existe una fiscalización en curso. Agenda una reunión hoy y asegura que tu empresa esté al día con la Ley de Inclusión Laboral.