5 cosas que debes saber sobre la nueva Ley N° 21.755 y su impacto empresarial 

El 11 de julio de 2025 fue publicado en el Diario Oficial el estatuto sobre simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica (Ley N° 21.755), una norma que introduce modificaciones en múltiples áreas del ordenamiento jurídico. Si bien muchas de estas reformas tienen un carácter técnico o administrativo, su impacto sobre la operación diaria de empresas, emprendimientos y organizaciones es directo y, en algunos casos, urgente. 

Desde cambios laborales hasta ajustes tributarios y nuevas exigencias regulatorias, esta ley impone deberes y abre oportunidades que requieren atención oportuna. En este artículo te explicamos cinco aspectos clave que toda empresa debería tener en cuenta. 

Patentes provisorias: extensión y condiciones más estrictas 

Uno de los puntos más comentados de esta ley es la prórroga automática de las patentes comerciales provisorias emitidas durante la pandemia. Estas extensiones permiten que muchas empresas sigan operando sin necesidad de una patente definitiva por un plazo que varía según el año original de vencimiento. Por ejemplo, las emitidas en 2020 se extienden hasta el 30 de septiembre de 2025; las de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2025, y así sucesivamente. 

Pero más allá de esta medida transitoria, la ley establece un nuevo marco general para futuras patentes provisorias: su duración máxima será de dos años, con posibilidad de una única prórroga adicional. Este cambio exige una planificación más estricta, ya que operar con patentes vencidas expone a la empresa a clausuras, sanciones municipales y pérdida de beneficios legales. La regularización oportuna será clave para mantener la continuidad del negocio. 

Nuevas reglas laborales para choferes de transporte interurbano 

La normativa introduce modificaciones significativas en la regulación laboral de los choferes del transporte interurbano de carga. A partir de esta ley, la jornada mensual no podrá exceder las 180 horas, y se establece un descanso anual adicional de seis días hábiles. Además, se regula de forma más precisa el tiempo de espera no imputable a la jornada, que ahora deberá ser remunerado con un monto equivalente a 1,5 ingresos mínimos mensuales y con un tope de hasta 88 horas mensuales. 

Estos ajustes implican cambios importantes en los contratos de trabajo, en los sistemas de registro de asistencia y en la forma en que las empresas del rubro gestionan la planificación de rutas y turnos. Un mal manejo de estos aspectos puede derivar en multas de la Dirección del Trabajo, demandas laborales y un aumento en los costos de cumplimiento si no se anticipan las nuevas exigencias. 

Beneficios tributarios transitorios para PYMES 

La Ley N° 21.755 también busca incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas a través de una rebaja transitoria en el impuesto de primera categoría para aquellas acogidas al régimen Pro Pyme. La tasa bajará al 12,5 % durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, lo que representa un alivio fiscal importante en un contexto económico desafiante. 

Junto con ello, se flexibilizan los pagos provisionales mensuales (PPM), permitiendo calcularlos sobre utilidades efectivas o anteriores. Sin embargo, para acceder a estos beneficios es indispensable que las empresas se encuentren al día con sus cotizaciones previsionales y cumplan con los requisitos del régimen especial. Una revisión detallada del cumplimiento tributario y previsional es clave para evitar fiscalizaciones futuras y asegurar la aplicación efectiva de estos incentivos. 

Mayores exigencias a empresas de servicios básicos 

La ley también introduce nuevas obligaciones para empresas concesionarias de servicios esenciales como agua potable, electricidad y telecomunicaciones. Se establecen requisitos más estrictos en materia de planes de continuidad operativa, protocolos de emergencia y mecanismos de respuesta ante eventos críticos. 

Estas modificaciones buscan mejorar la resiliencia del sistema ante catástrofes naturales u otras situaciones de emergencia, pero su implementación requerirá inversiones, ajustes contractuales y una revisión exhaustiva de los planes internos de gestión de crisis. Las empresas del sector deben prepararse para auditorías más exigentes por parte de la autoridad reguladora y para un escrutinio público creciente respecto a su capacidad de respuesta frente a fallas o interrupciones del servicio. 

Flexibilidades especiales para establecimientos educacionales 

Finalmente, la Ley N° 21.755 incluye una disposición relevante para los establecimientos educacionales. En situaciones de emergencia, se faculta a la autoridad a autorizar el funcionamiento de recintos educacionales sin ciertos requisitos formales, o a extender automáticamente los permisos caducados, siempre que exista justificación suficiente. Esta medida busca evitar interrupciones en la entrega del servicio educativo en casos como pandemias, incendios o desastres naturales. 

Para fundaciones, corporaciones y otros sostenedores, esta flexibilidad normativa puede representar una herramienta útil para asegurar la continuidad operacional. Sin embargo, su correcta aplicación requerirá documentación adecuada y una coordinación activa con las autoridades competentes. 

¿Está tu empresa preparada para estos cambios? 

La Ley N° 21.755 no debe interpretarse como un ajuste menor puesto que afecta directamente la forma en que muchas empresas operan, contratan, tributan y responden ante situaciones de emergencia. No adaptarse a tiempo puede implicar riesgos regulatorios, sanciones administrativas o la pérdida de beneficios fiscales. 

En C&L Abogados asesoramos a empresas y organizaciones de distintos sectores en revisar el impacto específico de esta normativa, actualizar sus contratos y protocolos internos, y prepararse para un cumplimiento normativo eficiente y estratégico.