Caso Aguilera: lo que toda empresa debe saber sobre lavado de activos y contratación pública 

El reciente fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago ha marcado un hito en la discusión sobre integridad pública y responsabilidad penal. Este 8 de julio de 2025, se dictó condena contra el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por lavado de activos y enriquecimiento injustificado, delitos cometidos durante su mandato entre 2013 y 2017. La Fiscalía acreditó que Aguilera recibió más de $266 millones de origen no justificado, vinculados en parte a pagos realizados por particulares con intereses contractuales ante la municipalidad.  

Este tipo de casos también afecta a empresas proveedoras, personas naturales o fundaciones que mantengan relaciones contractuales con entidades públicas también pueden verse involucradas si no adoptan medidas de prevención adecuadas. Aun sin dolo directo, una omisión en los controles de trazabilidad o en la documentación de pagos puede bastar para enfrentar procedimientos penales o sanciones reputacionales graves. 

Es por eso por lo que desde el ámbito corporativo se vuelve cada vez más urgente implementar políticas de compliance, matrices de riesgo, evaluación de contrapartes y auditorías legales periódicas. El principio de buena fe contractual ya no es suficiente en contextos donde el lavado de activos es considerado un delito base para imputaciones amplias. 

En C&L Abogados acompañamos a diversas organizaciones en la construcción de modelos de prevención efectivos, que no solo cumplen con la normativa vigente, sino que también protegen el valor reputacional y patrimonial de nuestros clientes. Nuestro enfoque no es reactivo, sino preventivo y estratégico. 

¿Tu empresa mantiene vínculos con organismos públicos? ¿Te preocupa la exposición legal en procesos de contratación o pagos institucionales?  Hablemos. Una consulta a tiempo puede prevenir riesgos mayores. 

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