Caso Anglo American: control interno y prevención de fraude en compras corporativas 

El próximo 18 de agosto de 2025, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago llevará a cabo la audiencia de formalización contra Hugo Núñez Miranda, exsuperintendente de Seguridad Vial y Emergencias de la minera Anglo American, quien es investigado por su presunta participación en un esquema de fraude que habría desviado más de $1.300 millones de pesos desde la compañía hacia una empresa relacionada. 

Según la acusación liderada por la fiscal Carmen Gloria Vergara, el imputado habría ejecutado un conjunto de 46 órdenes de compra de emergencia (SOLPED) a favor de Ingeniería SIGCT SpA, empresa de la cual tendría vínculo directo, sin que existiera respaldo de servicios prestados. Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y noviembre de 2024. 

Anglo American identificó además un mecanismo de desvío complementario, mediante el uso de la empresa Ambipar Response Chile Ltda. como intermediaria para canalizar los pagos incluso después de que SIGCT fuera rechazada como proveedor autorizado por presentar un “riesgo medio”. Pese a esta alerta, el flujo de recursos continuó bajo otra modalidad, lo que refuerza los cuestionamientos a los controles internos y la trazabilidad del sistema de compras. 

Por su parte, la defensa del exfuncionario ha negado que exista delito alguno, acusando una exposición mediática que podría interferir en el debido proceso y cuestionando las debilidades institucionales que habrían permitido la operación. 

Este caso no es solo una alerta para el sector minero. Es una señal urgente para cualquier organización que gestione recursos significativos, especialmente en áreas críticas como adquisiciones, operaciones de emergencia o contratación de servicios externos. 

Desde la perspectiva legal y de compliance, hay al menos tres aprendizajes clave que las empresas no pueden pasar por alto: 

Primero, los mecanismos de compra excepcionales, como las órdenes de emergencia, deben contar con salvaguardas adicionales. Es común que este tipo de procedimientos se diseñen para facilitar agilidad operativa, pero si no existen límites, validaciones o trazabilidad interna, pueden abrir la puerta a fraudes internos difíciles de detectar a tiempo. 

Segundo, el uso de proveedores relacionados o vinculados a funcionarios, directa o indirectamente, requiere políticas estrictas de conflicto de interés. Aún más si han sido previamente rechazados por el sistema de evaluación interna. 

Tercero, cuando las alertas de riesgo no activan respuestas correctivas inmediatas, como ocurrió en este caso con la advertencia sobre SIGCT, se produce una falla grave en la gobernanza corporativa y en la cultura de integridad. 

En C&L Abogados acompañamos a empresas de todos los tamaños en la implementación de programas de cumplimiento normativo y ética empresarial. No solo ayudamos a identificar riesgos, sino también a desarrollar sistemas de control interno sólidos, actualizados y proporcionales a la realidad de cada organización. 

Nuestros servicios incluyen auditorías legales preventivas, diseño de protocolos para compras corporativas seguras, capacitaciones en integridad y asesoría ante situaciones de fraude o denuncias internas. 

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