Chile avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú 

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile ha dado un paso crucial en la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú. A través de la reciente Resolución Exenta N° 4.890, el Ministerio ha formalizado la estructura de gobernanza para el seguimiento del Plan de Implementación Participativa 2024-2030. Esta medida subraya el compromiso de Chile con la promoción de los derechos de acceso en materia ambiental y la protección de los defensores de derechos humanos en este ámbito. 

Contexto Internacional y Nacional 

Chile ha sido un actor activo en la promoción de los derechos ambientales a nivel internacional. El país copresidió las negociaciones del Acuerdo de Escazú junto a Costa Rica, demostrando su liderazgo en la región. El Acuerdo de Escazú, promulgado en Chile mediante el decreto supremo N° 209 de 2022 del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo principal reconocer los derechos de acceso en materia ambiental, velar por la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y promover la cooperación internacional en estas materias. 

Para cumplir con las obligaciones del Acuerdo, el Ministerio del Medio Ambiente, en su rol de velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, elaboró el Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú 2024-2030. Este plan fue aprobado favorablemente por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el cambio climático, y posteriormente oficializado mediante la Resolución Exenta N° 2.256 de 2024. 

La Nueva Gobernanza de Escazú 

El Plan de Implementación contempla un sistema de gobernanza conformado por una instancia de carácter nacional y varias instancias regionales. A nivel nacional, se ha creado el Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, y a nivel regional, los Comités Regionales de Escazú. 

El propósito de esta gobernanza es coordinar a los órganos de la Administración del Estado y a otros actores relevantes en el seguimiento de las acciones y medidas específicas del Plan de Implementación. El Ministerio del Medio Ambiente, facultado por el literal x) del artículo 70 de la Ley N° 19.300, puede crear y presidir comités y subcomités operativos para el estudio, consulta y coordinación en materias ambientales. La reciente resolución del MMA formaliza las reglas para la conformación y funcionamiento de estos comités. 

Implicaciones para la sociedad civil 

La formalización del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, junto con la creación de los Comités Regionales de Escazú, marca un hito para la participación ciudadana en la gobernanza ambiental de Chile. Según la Resolución Exenta N° 4890, estas instancias establecen una estructura permanente y vinculante donde el Estado, la ciudadanía y otros actores pueden dialogar en condiciones más equitativas. Esto refuerza los compromisos del país con el Acuerdo de Escazú, especialmente en cuanto al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Este nuevo marco institucional no solo reconoce el rol de la sociedad civil, sino que también le entrega herramientas concretas para incidir en la toma de decisiones. Al incorporar a organizaciones ciudadanas en el Consejo Nacional y los Comités Regionales, se abren espacios reales para que las comunidades expresen sus preocupaciones, propongan soluciones y hagan seguimiento a las políticas públicas que afectan sus territorios. 

Conclusión 

La creación de la gobernanza de Escazú en Chile es un hito importante que marca el inicio de una nueva etapa en la gestión ambiental del país. Es fundamental que las empresas y organizaciones comprendan este nuevo marco para asegurar su sostenibilidad y cumplimiento. En C&L Abogados estamos listos para ser su aliado estratégico en este camino. 

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