La Estrategia de Identidad Digital en Chile: alcance y desafíos institucionales

La Estrategia de Identidad Digital es una política pública impulsada por la Secretaría de Gobierno Digital, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que define la hoja de ruta para la implementación de un nuevo sistema nacional de identidad digital en Chile. Su propósito es modernizar los mecanismos mediante los cuales las personas se identifican y autentican en entornos digitales, facilitando el acceso seguro y confiable a servicios públicos y, de manera progresiva, a determinados servicios privados.

La estrategia no crea una nueva identidad jurídica ni sustituye el sistema tradicional de identificación civil. Por el contrario, mantiene como base la identidad fundacional administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, expresada en el Rol Único Nacional (RUN) y en la cédula de identidad, y propone aprovechar esa infraestructura para habilitar mecanismos digitales de autenticación, principalmente a través de ClaveÚnica y de la cédula de identidad digital, de uso voluntario.

Desde el punto de vista institucional, la política propone un modelo híbrido. El Estado conserva funciones esenciales, como la definición de estándares, la supervisión, la seguridad de la información y la protección de datos, mientras que el sector privado puede participar como integrador, proveedor de servicios de confianza o usuario intensivo del sistema. El eje tecnológico del modelo es la creación de una pasarela o broker de identidad digital, que permita ofrecer distintos servicios de autenticación bajo estándares comunes, sobre la infraestructura pública digital existente.

Esto es consistente con el diagnóstico internacional formulado por la OCDE respecto de Chile, que caracteriza la identidad digital como una infraestructura crítica para la transformación digital del Estado y recomienda un modelo híbrido, con un fuerte rol rector del Estado y una participación regulada del sector privado, como condición para la confianza, la interoperabilidad y la sostenibilidad del sistema.

La implementación del sistema se concibe como progresiva. En el corto plazo, la estrategia busca consolidar ClaveÚnica como componente central de la infraestructura pública digital, ampliar los factores de autenticación y habilitar pilotos controlados con determinadas entidades privadas. En el mediano plazo, contempla la definición de una autoridad rectora única, la expansión del sistema a nuevos servicios de confianza y una gobernanza más integrada del ecosistema de identidad digital.

Marco normativo e institucional

La Estrategia de Identidad Digital se apoya en un marco normativo y reglamentario preexistente, así como en documentos de política pública que habilitan su desarrollo.

En primer lugar, la base normativa general se encuentra en la Ley N° 21.180, sobre Transformación Digital del Estado, que establece la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos y habilita el desarrollo de infraestructuras públicas digitales compartidas, incluyendo los sistemas de autenticación.

En desarrollo de dicha ley, se dictó el Decreto Supremo N° 9, de 2023, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba la Norma Técnica de Autenticación, regulando los mecanismos de autenticación electrónica que pueden utilizar los órganos de la Administración del Estado. Esta norma reconoce a ClaveÚnica como mecanismo central de autenticación y fija estándares técnicos y de seguridad que sirven de base para su evolución hacia un modelo de broker de identidad.

En materia de autenticidad y confianza jurídica, resulta igualmente relevante la Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación, que establece la equivalencia funcional entre documentos físicos y electrónicos y regula la prestación de servicios de certificación de firma electrónica avanzada. Si bien esta ley no configura un sistema integral de identidad digital, constituye uno de los principales servicios de confianza que la Estrategia busca articular dentro de un ecosistema más amplio.

Asimismo, la política se apoya en las competencias legales del Servicio de Registro Civil e Identificación, encargado de establecer y registrar la identidad civil de las personas y de emitir los documentos oficiales de identidad, incluida la cédula de identidad digital actualmente en proceso de implementación.

Finalmente, la Estrategia se enmarca en documentos de política pública y compromisos internacionales asumidos por Chile, entre ellos la Estrategia de Gobierno Digital, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Gobernanza de la Identidad Digital y acuerdos como el Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), que promueven la interoperabilidad entre sistemas de identidad digital.

Alcance jurídico de la identidad digital

La política no sustituye los mecanismos tradicionales de imputación jurídica ni altera el régimen general de prueba aplicable a los actos y contratos celebrados en entornos digitales.

La identidad digital debe entenderse, en los términos de la estrategia, como una infraestructura habilitante, no como una figura autónoma. Su función es facilitar que los actos celebrados digitalmente puedan realizarse y acreditarse con mayores niveles de seguridad, eficiencia y trazabilidad, sin alterar el marco normativo sustantivo existente.

La contratación electrónica, los servicios financieros, el comercio electrónico, las plataformas digitales y una porción creciente de los trámites administrativos descansan sobre mecanismos de identificación y autenticación. Un sistema de identidad digital robusto reduce la incertidumbre sobre quién es la contraparte, en qué calidad actúa y si ha manifestado efectivamente su voluntad. Por el contrario, un sistema fragmentado, inseguro o poco interoperable incrementa los riesgos de suplantación y fraude, elevando los costos asociados al cumplimiento, la prueba y la resolución de controversias.

En ese sentido, la Estrategia de Identidad Digital debe ser comprendida como un habilitante estratégico, cuya correcta gobernanza es condición para que las relaciones jurídicas sigan desenvolviéndose con niveles razonables de certeza en un contexto de creciente complejidad tecnológica.

En CLAbogados abordamos estos procesos desde una perspectiva jurídica rigurosa y realista. Acompañamos a empresas e instituciones en la identificación y gestión de esos riesgos, con el objetivo de anticipar problemas reales y diseñar soluciones jurídicamente sólidas, institucionalmente sostenibles y técnicamente viables.