Corte Suprema ordena reincorporación de funcionaria municipal despedida ilegalmente 

El pasado 23 de julio de 2025, la Corte Suprema dictó un fallo que refuerza principios esenciales de la administración pública y la protección de los derechos laborales. En la causa Rol N.º 5.765-2025, el máximo tribunal ordenó la reincorporación inmediata de una funcionaria municipal de Valparaíso, tras determinar que la decisión de poner término anticipado a su contrata fue ilegal. 

Los hechos del caso 

La funcionaria había sido renovada para el periodo 2024-2025 mediante el Decreto Alcaldicio N.º 2209, de 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, pocos días después, el 27 de noviembre del mismo año, la Municipalidad dictó el Decreto Alcaldicio N.º 574 que revocó dicha renovación, argumentando razones presupuestarias. 

La Corte Suprema constató que la revocación no cumplió con los requisitos legales mínimos: no existía un respaldo presupuestario que justificara la decisión, la funcionaria no fue notificada conforme a la Ley N.º 19.880 sobre Procedimiento Administrativo y la medida carecía de la debida motivación exigida para cualquier acto administrativo. 

Fundamentos del fallo 

El tribunal sostuvo que la autoridad municipal vulneró derechos constitucionales al prescindir de un procedimiento adecuado y al dictar un acto arbitrario. Recordó que el principio de legalidad obliga a que todo acto administrativo esté fundado en hechos y en derecho, especialmente cuando afecta la estabilidad y la dignidad de un trabajador. 

Asimismo, se reafirmó que el respeto al debido proceso y la transparencia no son meras formalidades, sino elementos sustantivos que aseguran la confianza ciudadana en las instituciones públicas. 

Relevancia para la gestión pública

Este fallo constituye una advertencia a las autoridades y equipos de recursos humanos del sector público: las decisiones sobre personal deben apegarse estrictamente a la normativa vigente, estar debidamente fundamentadas y cumplir con las formalidades legales. Ignorar estos estándares puede derivar no solo en la nulidad de los actos, sino también en la responsabilidad administrativa y patrimonial de la institución. 

En C&L Abogados reafirmamos que una gestión pública ética y legalmente sólida no solo previene litigios, sino que fortalece el vínculo de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. 

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