- C&L Abogados
- 6 oct
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Corte Suprema ratifica primacía de la Contraloría: Municipalidad de Las Condes actuó apegada a la ley en caso Parque Canal El Bollo
La Corte Suprema de Chile ha emitido una sentencia decisiva (Rol N°45261-2024) que sienta un precedente fundamental en el Derecho Urbanístico y Administrativo, al confirmar la obligatoriedad de las municipalidades de acatar los dictámenes de la Contraloría General de la República (CGR).
El máximo tribunal ratificó la legalidad de la actuación de la Municipalidad de Las Condes al rechazar una solicitud de modificación de proyecto inmobiliario, desestimando así un recurso de casación en el fondo presentado por la sociedad Desarrollo Inmobiliario Cerro Apoquindo.
El origen del litigio se centra en el sector del Parque Canal El Bollo. La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes negó la modificación de un proyecto debido a que estaba mandatada a corregir una situación de ilegalidad previamente establecida por la CGR.
La Contraloría había dictaminado que ciertos permisos de edificación otorgados con anterioridad en ese sector eran improcedentes, ya que desconocían la franja mínima de 80 metros declarada para la utilidad pública del parque. Ante este pronunciamiento, la DOM se encontró obligada a denegar cualquier solicitud posterior que implicara reproducir o mantener la ilegalidad reprochada por el órgano fiscalizador.
La Corte Suprema respaldó la postura municipal. En su fallo, la Corte sostiene que la actuación del municipio fue conforme a derecho, ya que el deber de la Administración de adecuarse a la normativa urbanística vigente y, especialmente, a las instrucciones perentorias de la CGR, prevalece.
El tribunal superior desestimó los argumentos de la inmobiliaria, que alegaba la imposición retroactiva de los dictámenes. La Corte recalcó que la negativa a aprobar la modificación del proyecto se enmarcaba en el principio de juridicidad, corrigiendo una situación que vulneraba el ordenamiento territorial. Además, se rechazó el recurso de casación debido a que intentaba alterar los hechos inamovibles fijados por los jueces de instancia, cuestión improcedente en esta etapa procesal.
Para el sector legal y de la construcción, el fallo consolida la figura de la CGR como un ente de fiscalización cuya interpretación y mandatos deben ser cumplidos rigurosamente por las autoridades locales.