Despido de trabajadores que declaran como testigos: los límites de la garantía de indemnidad
Pocas decisiones de gestión de personas son tan delicadas como la desvinculación de un trabajador que, meses antes, declaró como testigo en un juicio laboral seguido contra la propia empresa. El Código del Trabajo protege expresamente esa situación a través de la llamada garantía de indemnidad, y lo hace con un régimen probatorio especial. Para una empresa, entender qué protege esa garantía, qué es una represalia y cómo se acredita es la diferencia entre una desvinculación defendible y una condena de monto considerable.
Qué protege la garantía de indemnidad
La garantía de indemnidad protege al trabajador frente a las represalias que pueda adoptar su empleador como consecuencia del ejercicio de determinados derechos ante los tribunales o la autoridad laboral. El inciso tercero del artículo 485 del Código del Trabajo la recoge al considerar lesionados los derechos fundamentales del trabajador cuando el empleador ejerce represalias por la interposición de denuncias, por el ejercicio de acciones judiciales, por la participación del trabajador en ellas como testigo, o por haber sido ofrecido en tal calidad, o como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo.
Dos aspectos merecen atención. El primero es que la protección no alcanza solo a quien demanda, sino también a quien comparece como testigo en un juicio laboral, e incluso a quien apenas fue ofrecido para hacerlo. El segundo es que la garantía no depende del resultado del juicio en que se participó, sino del hecho mismo de haber participado. Lo que la ley busca evitar es el efecto disuasivo: la posibilidad de sufrir represalias por declarar podría desalentar la participación de los trabajadores en los procedimientos judiciales y afectar la producción de prueba en la justicia laboral.
Cuándo existe una represalia
La represalia es la respuesta del empleador, en forma de medida perjudicial, al ejercicio de esos derechos. La noción no describe solamente un acto, sino también su motivación: hay represalia cuando la medida se explica por el hecho protegido. Por eso no basta con que el trabajador haya declarado como testigo y después haya sido sancionado; debe poder afirmarse que lo segundo ocurrió a causa de lo primero.
El despido es una de las manifestaciones más graves de represalia, pero no la única. Cambios de funciones o de lugar de trabajo, reducciones de remuneración, evaluaciones desfavorables sin sustento o un trato hostil sostenido pueden configurar el mismo fenómeno si responden al ejercicio de la garantía. Una empresa que tolera este tipo de conductas en mandos intermedios asume un riesgo que no siempre advierte, porque lo que se examina es la conducta del empleador y no la explicación formal que se consigne en la carta o en la decisión empresarial.
Conviene, sin embargo, despejar un malentendido frecuente. La garantía de indemnidad no constituye un fuero laboral ni impide despedir o sancionar a un trabajador que haya participado como testigo en un juicio. Lo que prohíbe es que esas decisiones constituyan una represalia por su participación. La existencia de una causal legal de despido debe distinguirse de su invocación formal, lo relevante es que la decisión tenga fundamentos efectivos, independientes del ejercicio del derecho protegido.
Cómo se acredita
Para acoger una denuncia por vulneración de la garantía de indemnidad, los tribunales examinan tres elementos de manera secuencial. Primero, el hecho protegido: la interposición de una denuncia, el ejercicio de una acción, la participación o el ofrecimiento como testigo, o la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Segundo, la medida perjudicial adoptada por el empleador. Tercero, el vínculo causal entre ambos. El primer elemento suele ser el más sencillo de acreditar, porque puede constar en antecedentes documentales, como las actuaciones del expediente judicial, las denuncias presentadas o los registros de fiscalización de la Dirección del Trabajo. El nexo causal rara vez se prueba con una confesión del empleador; se construye a partir de hechos que, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten inferirlo.
La tutela laboral funciona con una regla probatoria particular. El trabajador no necesita acreditar directamente la motivación represiva del empleador, pero sí debe aportar antecedentes que constituyan indicios suficientes de la vulneración denunciada. Cuando ello ocurre, el artículo 493 del Código del Trabajo dispone que corresponde al empleador explicar los fundamentos de la medida cuestionada y su proporcionalidad. No se trata de una presunción automática de represalia, sino de una exigencia de justificación que recae sobre quien adoptó la decisión.
Entre los indicios que suelen concurrir se cuentan la proximidad temporal entre la participación como testigo y la medida, la circunstancia de que la empresa fuera la parte demandada en el juicio donde se declaró, y los antecedentes que permitan situar la medida como consecuencia de esa declaración. La proximidad temporal no permite, sin más, tener por acreditada una represalia. Sin embargo, apreciada junto con las demás circunstancias, puede constituir un indicio relevante de la vulneración y contribuir a que corresponda al empleador explicar los fundamentos de su decisión. Frente a ello, argumentar que la decisión tenía otra causa exige algo más que afirmarlo: debe respaldarse con documentos, registros de desempeño y antecedentes anteriores a los hechos que muestren que la decisión tenía fundamentos autónomos.
Qué consecuencias puede tener
Cuando se acoge una denuncia de tutela laboral con ocasión del despido, el artículo 489 del Código del Trabajo establece el pago de las indemnizaciones legales que correspondan, con el recargo aplicable, además de una indemnización adicional que el juez determina entre seis y once meses de la última remuneración mensual. La cuantía de estas prestaciones hace especialmente relevante examinar las razones y los antecedentes que sustentan una desvinculación antes de adoptarla.
Existe además un costo menos visible. Una sentencia de tutela por represalia deja constancia pública de que la empresa sancionó a un trabajador por colaborar con la justicia, y puede afectar la percepción del resto de la dotación sobre las consecuencias de declarar y la confianza en los canales formales.
Qué puede hacer la empresa para prevenirlo
Del conjunto se desprenden tres frentes de decisión. El primero es preventivo: antes de adoptar cualquier medida gravosa respecto de un trabajador que haya declarado como testigo, haya sido ofrecido como tal, haya demandado, haya presentado una denuncia o esté vinculado a una fiscalización, es indispensable revisar la causal invocada, su documentación y su distancia respecto de ese hecho, porque en juicio será la empresa quien deba explicar la medida. El segundo es organizacional, los mandos que toman decisiones sobre personal deben conocer la existencia de la garantía y saber que conductas aparentemente menores, como un cambio de turno o de funciones, pueden ser examinadas como represalia. El tercero es documental, las razones de las decisiones deben registrarse oportunamente, de manera que, si más adelante deben justificarse, la empresa cuente con antecedentes anteriores y objetivos, y no con explicaciones reconstruidas después del conflicto.
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Si tiene dudas sobre cómo documentar la causal de una desvinculación, sobre el riesgo de determinadas medidas respecto de trabajadores con juicios o fiscalizaciones en curso, o sobre el estado de un procedimiento laboral, también podemos orientarle.
