El desafío de la Ley Uber: municipios y conductores frente a un nuevo marco regulatorio 

La entrada en vigor de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocida como Ley Uber, marca un antes y un después en la regulación del transporte por aplicaciones en Chile. Esta normativa exige que todos los conductores que operan en plataformas como Uber, Cabify, Didi o Rappi cuenten con una licencia profesional en un plazo máximo de 12 meses. 

El número de conductores afectados es significativo: se estima que más de 85.000 deberán regularizar su situación en un sistema que, en promedio, entrega cerca de 70.000 licencias de todo tipo cada año. El desajuste entre la capacidad actual de los municipios y la demanda que se aproxima ha encendido las alertas en todo el país. 

Frente a este escenario, los gremios de transporte y la Asociación de Municipalidades de Chile han trabajado en un plan de emergencia que busca anticiparse al posible colapso administrativo. Entre las medidas anunciadas se encuentran la implementación de escuelas móviles de capacitación en zonas rurales, la externalización de servicios técnicos en direcciones de tránsito y un esfuerzo de coordinación interinstitucional para acelerar los procesos de entrega de licencias. 

Más allá de lo operativo, la Ley Uber plantea un desafío jurídico relevante. Por primera vez, se establece un marco regulatorio específico para las aplicaciones de transporte, lo que obliga tanto a las plataformas como a los conductores a adecuarse a estándares formales que incluyen requisitos técnicos, administrativos y de seguridad. El incumplimiento de estas exigencias puede implicar sanciones, la exclusión del registro oficial e incluso la imposibilidad de seguir operando en el mercado. 

Para los conductores, la exigencia de obtener una licencia profesional implica un proceso que requiere tiempo, recursos y planificación. Para las plataformas, en cambio, el reto está en acompañar a sus colaboradores en este proceso y asegurar que sus operaciones no se vean interrumpidas. Por su parte, los municipios enfrentan la presión de responder de manera eficiente a una demanda sin precedentes, garantizando igualdad de acceso y transparencia en la entrega de licencias. 

En este contexto, contar con una asesoría legal experta se vuelve fundamental. En C&L Abogados apoyamos a empresas, gremios y organismos públicos en la interpretación de esta normativa y en el diseño de estrategias de cumplimiento que permitan una transición ordenada. Nuestro objetivo es ayudar a que los distintos actores del ecosistema de transporte por aplicaciones puedan enfrentar este proceso con certeza jurídica y sin exponer su operación a riesgos innecesarios. 

La implementación de la Ley Uber es, en definitiva, una oportunidad para profesionalizar el sector y dotarlo de mayor seguridad y formalidad, pero también un desafío logístico y regulatorio de gran magnitud. Desde C&L Abogados estamos listos para acompañar a quienes necesiten orientación en esta etapa decisiva, transformando la complejidad en una ventaja competitiva. 

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