El Tren de Aragua: un desafío urgente para el sistema financiero chileno 

Una reciente investigación de CIPER Chile ha puesto en jaque la efectividad del sistema financiero chileno en la prevención del lavado de activos. El informe revela cómo la organización criminal Tren de Aragua logró mover más de US$13.5 millones fuera del país, sin que se activaran las alertas tempranas necesarias por parte de las instituciones bancarias. 

La red criminal, que operó con una sofisticación preocupante, utilizó miles de transacciones, muchas de ellas de montos pequeños y convertidas a criptomonedas, para blanquear sus ganancias ilícitas. A pesar de la recurrencia y la naturaleza sospechosa de estas operaciones, los bancos no emitieron los Informes de Operaciones Sospechosas (ROS) que habrían desencadenado una investigación oportuna. 

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), el organismo encargado de la inteligencia financiera, solo pudo actuar una vez que la investigación judicial ya estaba en curso, lo que limita significativamente la capacidad de reacción y prevención. Este retraso crítico resalta una vulnerabilidad sistémica que permite a las organizaciones criminales operar con relativa impunidad. 

El reportaje de CIPER también subraya fallas estructurales en el marco regulatorio y de fiscalización. Se identificaron 14 sociedades creadas entre 2020 y 2024 directamente vinculadas al Tren de Aragua, lo que indica un uso estratégico de vehículos corporativos para legitimar fondos. Expertos señalan la ausencia de un Registro Único de Beneficiarios Finales como una debilidad clave, que impide la trazabilidad efectiva de los capitales y la identificación de las personas reales detrás de las operaciones. 

Además, la falta de una obligación legal explícita para que los contadores reporten operaciones sospechosas crea un vacío preocupante en la primera línea de defensa contra el lavado de dinero. Esta omisión permite que profesionales que tienen acceso directo a información financiera clave no actúen como filtros preventivos. 

Este caso no solo representa un golpe a la seguridad financiera del país, sino que también pone de manifiesto la urgencia de fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). La sofisticación creciente de las redes criminales exige una respuesta coordinada y robusta por parte de las autoridades, las instituciones financieras y los profesionales del sector. 

Para empresas y profesionales, comprender y cumplir con las normativas antilavado es más crítico que nunca. La exposición a riesgos legales y reputacionales es alta, y la prevención es la herramienta más efectiva. 

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