Grabar una reunión laboral sin aviso
Las grabaciones de audio realizadas por un trabajador en reuniones con su jefatura pueden aparecer como prueba en los juicios laborales, especialmente en los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y en los casos de acoso laboral. No solo las utilizan los trabajadores que demandan a su empleador, también pueden formar parte de investigaciones internas y de la defensa de decisiones disciplinarias, por ejemplo cuando una subordinada registra el trato que recibe de su superior.
La pregunta que suele dividir a las partes es siempre la misma. Si quien grabó participaba de la conversación y la otra persona no fue advertida ni dio su consentimiento, ¿se vulneró la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, de modo que la prueba deba excluirse? La respuesta no es automática, y para una empresa que enfrenta o puede enfrentar un juicio de este tipo conviene conocer cómo se razona.
La expectativa de privacidad se juzga según las circunstancias de la conversación
El artículo 19 N°5 de la Constitución Política protege la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Quien pretende excluir una grabación suele sostener que el carácter privado de una conversación no depende de su tema, sino de las condiciones en que se produce y de la expectativa razonable de privacidad de quienes participan en ella. Bajo esa lectura, una reunión a puerta cerrada entre dos personas, sin advertencia de grabación, merecería protección aunque trate sobre materias laborales.
Esa tesis es seria y no debe subestimarse. Pero tampoco opera como regla mecánica. La determinación de la expectativa razonable de privacidad exige atender a las circunstancias concretas de cada caso, entre las cuales figuran tanto las condiciones en que se produce la conversación como su contenido, de modo que el solo hecho de que una conversación haya sido grabada sin conocimiento de uno de los interlocutores no conduce, por sí solo, a concluir que la garantía fue infringida de manera sustancial. Por lo mismo, que un tribunal haya excluido una grabación en un caso no permite trasladar sin más esa conclusión a otro con hechos distintos.
La consecuencia procesal de esta discusión la fija el artículo 453 N°4 del Código del Trabajo, conforme al cual las pruebas obtenidas directa o indirectamente por medios ilícitos, o mediante actos que vulneren derechos fundamentales, carecen de valor probatorio y no pueden ser apreciadas por el tribunal. Si la grabación se considera ilícita en ese sentido, no puede valorarse, y ello con independencia de que existan otras pruebas en el juicio.
Los factores que pesan en el análisis
En el análisis se atiende al contexto completo de la conversación. Pesa el hecho de que ocurra durante la jornada de trabajo y en dependencias del empleador, que se trate de una reunión entre una jefatura y su subordinada, que su contenido se refiera al desempeño laboral y que de la propia grabación no surjan referencias a aspectos íntimos ni se haya atribuido a la reunión carácter reservado. También es relevante que quien grabó fuera una de las interlocutoras y destinataria directa de las expresiones, y no un tercero que interceptó una comunicación ajena. Ser interlocutor, con todo, no equivale a una autorización general para registrar y utilizar cualquier conversación.
Estos factores no operan como una fórmula general. Una conversación sostenida en jornada laboral, en dependencias de la empresa y entre una jefatura y su subordinado podría conservar carácter privado según su finalidad, su contenido y las demás circunstancias. Además, debe distinguirse entre la expectativa subjetiva de que una conversación no será grabada y una expectativa objetivamente razonable de privacidad, que es la relevante para el análisis.
Un vínculo de amistad o de confianza entre las partes, aun cuando exista, no transforma por sí mismo una reunión laboral en una comunicación privada. Para el empleador, esto significa que la cercanía personal con un subordinado no debe asumirse como garantía de reserva, y que conviene conducir las reuniones de evaluación o de reproche con un trato profesional en todo momento. Es una recomendación de prudencia y no una renuncia a la reserva que pueda corresponder a esas conversaciones.
La grabación frente al resto de la prueba
Conviene no confundir dos preguntas distintas. La primera es si la grabación puede valorarse, lo que se resuelve examinando su licitud, si fue obtenida vulnerando derechos fundamentales, carece de valor probatorio aunque existan otros medios que parezcan respaldarla. La segunda es qué papel cumple la grabación, cuando es admisible, dentro del conjunto de la prueba. En esta última, el hecho de que el tribunal haya considerado además la denuncia original, las declaraciones de la denunciante y de otros trabajadores, los antecedentes de la investigación interna y la habitualidad de ciertas expresiones muestra que la decisión no se apoyó exclusivamente en la grabación. Eso no permite concluir, sin embargo, que esos otros antecedentes habrían bastado por sí solos si la grabación se hubiera excluido, pues ello dependería del contenido de cada uno y de la función que cumplió la grabación en el razonamiento del tribunal. La advertencia práctica es otra, ni la empresa ni el trabajador deberían construir su estrategia probatoria sobre un solo medio de prueba.
El acoso laboral no exige reiteración
La discusión sobre la grabación suele ser, en el fondo, una discusión sobre si es posible probar o defenderse de una imputación de acoso, por lo que conviene recordar qué exige la ley para configurarlo. Tras la entrada en vigencia de la Ley Karin, el artículo 2° del Código del Trabajo define el acoso laboral como una conducta de agresión u hostigamiento que tiene como resultado el menoscabo, maltrato o humillación de la persona afectada, o bien que amenaza o perjudica su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, y precisa que puede manifestarse una sola vez o de manera reiterada. Por ello, el argumento de que un episodio único, aunque intenso, no configura acoso por falta de sistematicidad pierde fuerza frente al texto vigente.
En la calificación de estos hechos tienen peso la posición jerárquica de quien actúa y el tenor de las expresiones empleadas, como los gritos, las descalificaciones personales, los cuestionamientos a la capacidad o las alusiones amenazantes a la posibilidad de reemplazo. Una relación de confianza previa no legitima, por sí sola, ese trato, y menos aún cuando proviene de quien ejerce la jefatura directa. Por último, una trayectoria prolongada sin sanciones previas es un antecedente que suele invocarse, pero la calificación de la conducta debe hacerse considerando el conjunto de los hechos establecidos, y no solo los que favorecen a quien la cuestiona.
Implicancias para las empresas
Tres ideas se desprenden de lo anterior. Primero, la admisibilidad de una grabación hecha por un interlocutor depende de las circunstancias concretas, y el contexto laboral de la conversación es uno de los elementos que se consideran, sin constituir una presunción de licitud; una grabación ilícita no puede valorarse aunque existan otras pruebas. Segundo, quien dirige a otros debe asumir que un trato agresivo o humillante, aunque ocurra una sola vez, puede configurar acoso laboral. Tercero, la defensa debe construirse desde el juicio de primera instancia, con prueba suficiente y bien fundada, y no solo sobre la objeción a la grabación.
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