- C&L Abogados
- 7 oct.
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Qué hacer si incumplen un contrato en Chile: plazos y acciones legales
El incumplimiento de un contrato es una situación frecuente en la vida civil y comercial. Cuando una de las partes no cumple con lo pactado, la legislación chilena ofrece herramientas claras para exigir el cumplimiento, resolver el contrato o reclamar los perjuicios ocasionados. Conocer la normativa aplicable es esencial para actuar a tiempo y proteger tus derechos.
Qué se entiende por incumplimiento contractual según la ley chilena
De acuerdo con el artículo 1545 del Código Civil, “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Esto significa que el contrato obliga a ambas partes, y el incumplimiento constituye una infracción a la ley.
El artículo 1556 del mismo cuerpo legal establece que el deudor que no cumple su obligación debe indemnizar los perjuicios que de ello resulten al acreedor, salvo que pruebe causa justificada. En este contexto, se distingue entre el incumplimiento absoluto, cuando la obligación no puede ejecutarse definitivamente, y la mora o retardo, cuando existe un retraso en el cumplimiento, pero este sigue siendo posible.
Acciones legales frente al incumplimiento
El artículo 1489 del Código Civil reconoce tres acciones principales al acreedor ante el incumplimiento:
1. Exigir el cumplimiento forzado de la obligación.
2. Pedir la resolución del contrato, dejando sin efecto las obligaciones mutuas.
3. Solicitar la indemnización de perjuicios, ya sea junto con el cumplimiento o con la resolución.
Por ejemplo, si una persona vende un inmueble y no lo entrega, el comprador puede demandar judicialmente para que se cumpla el contrato (entrega del bien) o para resolverlo, además de exigir el pago de los daños sufridos.
Asimismo, el artículo 1553 faculta al acreedor para exigir cumplimiento forzado o resolución con indemnización, dependiendo de si el incumplimiento proviene de dolo, culpa o caso fortuito.
Plazos para ejercer acciones legales
El artículo 2515 del Código Civil fija un plazo general de cinco años para interponer acciones personales derivadas de contratos, contado desde el momento en que la obligación se hace exigible. Si se trata de un contrato comercial, el plazo puede reducirse a cuatro años, conforme al artículo 822 del Código de Comercio.
Es importante actuar dentro de estos plazos, ya que, una vez prescrita la acción, el derecho de demandar se extingue. Además, ciertos contratos pueden contener cláusulas que establezcan plazos o mecanismos previos de solución de conflictos, como el arbitraje, que deben respetarse antes de acudir a tribunales.
Cómo probar el incumplimiento
Para que el tribunal acoja la demanda, el acreedor debe acreditar tres elementos: la existencia del contrato, el incumplimiento de la contraparte y los perjuicios sufridos. Los documentos, correos electrónicos, comprobantes de pago, certificados notariales y testigos son medios válidos de prueba.
En algunos casos, una carta de requerimiento notarial sirve para demostrar que se otorgó un plazo razonable para el cumplimiento, lo que fortalece la posición del acreedor en juicio.
Alternativas extrajudiciales y judiciales
Antes de demandar, es aconsejable evaluar alternativas extrajudiciales como la mediación o la negociación directa, las cuales pueden resolver el conflicto de manera más rápida y económica. Si no hay acuerdo, la demanda judicial puede presentarse ante el tribunal civil competente del domicilio del demandado o el que se haya pactado en el contrato.
Cuando existe una cláusula arbitral, las partes deberán someter el conflicto a un árbitro, conforme a las reglas del Código Orgánico de Tribunales.
Importancia de la asesoría jurídica
El incumplimiento contractual puede tener consecuencias significativas, tanto económicas como legales. Cada contrato —de compraventa, prestación de servicios, arrendamiento o mandato— tiene reglas específicas sobre su ejecución y resolución. Contar con asesoría legal permite determinar la mejor estrategia, preparar la prueba y asegurar una defensa efectiva de los derechos del cliente.
En C&L Abogados asesoramos a personas y empresas en la prevención y resolución de conflictos contractuales, utilizando los mecanismos previstos en la legislación chilena para proteger sus intereses de manera oportuna y eficaz.