La detención del exgerente general de Primus Capital y su relevancia para el cumplimiento corporativo 

El reciente fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la libertad condicional de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad penal en el ámbito corporativo. La decisión judicial no solo ordena su regreso a prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, sino que también argumenta que no existen antecedentes nuevos que justifiquen una medida menos gravosa. Se recalca, además, el peligro que representa para la seguridad de la sociedad, considerando la multiplicidad y gravedad de los delitos por los que está formalizado: estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento público falso y lavado de activos. 

Coeymans había obtenido la libertad tras pagar una caución de 300 millones de pesos. Sin embargo, la Corte sostuvo que dicha garantía no resulta suficiente para asegurar su comparecencia ante la justicia ni para neutralizar el riesgo que representa. Este cambio de criterio se da en un contexto donde la Fiscalía Metropolitana Oriente ha reiterado que el exejecutivo lideró una operación financiera fraudulenta que comprometió gravemente los activos de la compañía y los intereses de sus inversionistas. 

El caso Primus Capital representa un ejemplo emblemático de cómo los delitos económicos, cuando involucran altos cargos directivos, no solo comprometen la reputación de las empresas, sino que además generan impactos penales directos para quienes ejercen funciones de liderazgo. La justicia está avanzando hacia un enfoque más estricto y proactivo en el tratamiento de delitos corporativos complejos, lo que debería ser leído por las empresas como una advertencia clara sobre la importancia de contar con estructuras sólidas de gobernanza, protocolos internos de control y mecanismos efectivos de prevención. 

Desde la óptica jurídica, este fallo refuerza la necesidad de actualizar y fortalecer los modelos de cumplimiento en las organizaciones. La administración desleal y el uso de instrumentos falsos no son simples desviaciones éticas, sino delitos penales que pueden derivar en penas privativas de libertad y sanciones reputacionales y económicas severas. En ese sentido, los directorios deben asumir un rol activo en la supervisión de los actos de sus ejecutivos, especialmente en sectores regulados o donde la gestión financiera exige altos estándares de transparencia. 

En C&L Abogados asesoramos a empresas en materia de responsabilidad penal corporativa, estructuras de control interno y litigios complejos. Nuestro enfoque está orientado no solo a la defensa jurídica, sino a la prevención de riesgos y al fortalecimiento del gobierno corporativo. Casos como el de Primus Capital demuestran que el cumplimiento no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino una práctica concreta y constante dentro de las organizaciones. 

Si tu empresa necesita revisar sus estructuras de cumplimiento, actualizar su modelo de prevención del delito o fortalecer su cultura ética desde una mirada legal, en C&L Abogados estamos preparados para acompañarte con soluciones concretas y especializadas. 

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