- C&L Abogados
- 14 jul
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Actualizado: 15 jul
Ley N° 21.755 y sus implicancias para empresas, municipios y organizaciones públicas
El 11 de julio de 2025 se publicó el estatuto sobre simplificación regulatoria y promoción de la actividad económica (Ley N° 21.755), una reforma legal integral que modifica más de treinta cuerpos normativos con el propósito de reducir cargas administrativas, fomentar la inversión, facilitar el cumplimiento regulatorio y mejorar la coordinación entre organismos públicos.
Desde una mirada jurídica, esta ley representa un esfuerzo significativo por actualizar el marco normativo frente a los desafíos económicos actuales. Abarca ámbitos tan diversos como aduanas, impuestos, educación, transporte, telecomunicaciones, agua potable, medioambiente, permisos de construcción, protección de datos personales y contratos administrativos.
Uno de sus ejes centrales es el apoyo a las Pymes mediante una rebaja transitoria del impuesto a la renta al 12,5 % durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, junto a una reducción proporcional de pagos provisionales mensuales. Se trata de una medida directa de alivio fiscal con impacto inmediato en la gestión financiera de miles de contribuyentes.
En el ámbito laboral, redefine la jornada ordinaria de los choferes de carga interurbana e introduce criterios obligatorios para aplicar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales de forma proporcional, en ausencia de acuerdo con los trabajadores. Esto requerirá ajustes en contratos, turnos y cálculos de remuneraciones.
Respecto a la administración municipal, la ley flexibiliza los requisitos para obtener patentes definitivas, ampliando los plazos y permitiendo la extensión de las patentes provisorias a través de la presentación de planes de trabajo, lo que beneficia a quienes se vieron afectados por las restricciones de la pandemia.
En materia de servicios básicos, se establece por ley la obligación de compensar automáticamente a los usuarios por interrupciones prolongadas en el servicio de agua potable, descontando directamente en la facturación.
En el sector educativo, se habilita el funcionamiento excepcional de establecimientos bajo condiciones más flexibles, especialmente para programas como la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), permitiendo el uso de infraestructura existente, como salones parroquiales o centros comunitarios, sin exigir permisos adicionales.
Además, se fijan plazos para reglamentar la Ley de Protección de Datos Personales, se compatibilizan funciones del Consejo de Transparencia con labores académicas, y se otorgan nuevas facultades a organismos del Estado para ejecutar proyectos de reconstrucción en zonas afectadas por desastres, como la región de Valparaíso.
El impacto de esta ley es amplio y variado, y su aplicación puede generar tanto beneficios como contingencias legales. Una interpretación rigurosa y estratégica es clave para cumplir oportunamente con las nuevas exigencias y evitar sanciones, reclamos o pérdida de beneficios tributarios.
En C&L Abogados ofrecemos asesoría especializada para analizar cómo esta ley afecta a cada organización, revisar contratos, adaptar procesos internos y representar jurídicamente en casos complejos derivados de su aplicación. Si tu empresa o institución necesita orientación frente a este nuevo escenario regulatorio, nuestro equipo está disponible para apoyarte. Agenda una reunión con nosotros y anticipa tus próximos pasos con seguridad jurídica.