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3 nov
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Ley N° 21.850: principales cambios tributarios, beneficios transitorios y nuevas reglas para las inversiones


El 17 de octubre de 2026 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 21.850, para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Su origen declarado es financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, pero el texto es mucho más amplio: modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta, crea un estatuto de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, abre varios beneficios transitorios de regularización y reforma el sistema de evaluación ambiental. También introduce modificaciones en materias como la capacitación laboral, las donaciones y el impuesto territorial.


Una parte importante de las medidas tiene carácter transitorio. Algunas ya pueden utilizarse, mientras que otras comenzarán a regir durante los próximos meses. Por ello, resulta necesario distinguir sus requisitos y fechas de vigencia. A continuación, examinamos los principales cambios en materia de tributación empresarial, regularización de deudas, planificación patrimonial e IVA inmobiliario, junto con otras modificaciones relevantes para empresas e inversionistas.


  1. ¿Qué cambia en el impuesto a la renta de las empresas?


La tasa del impuesto de primera categoría del régimen general baja de manera gradual. Según el artículo sexto transitorio, será de 27% para el año comercial 2026, de 25,5% para 2027, de 24% para 2028 y de 23% desde 2029. Los pagos provisionales mensuales también se ajustan. Para los contribuyentes de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la ley establece que, para los meses de enero a marzo de 2027, 2028 y 2029, la tasa aplicada en diciembre del año anterior se reduce en 5,56%, 5,88% y 4,17%, respectivamente, y para los períodos posteriores contempla un mecanismo de recálculo. En el régimen Pro Pyme la tasa de PPM baja de 0,25% a 0,23%, modificación que, conforme al artículo séptimo transitorio, entra en vigencia el 01 de enero de 2029.


Junto con la rebaja, la ley revierte parcialmente la desintegración del sistema. Hasta ahora, una parte del impuesto corporativo pagado por la empresa no podía imputarse por completo contra los impuestos finales de sus dueños, porque existía una obligación de restituir parte del crédito. La ley reduce esa restitución a 30% para el crédito generado en el año comercial 2027 y a 20% para el de 2028, y la elimina desde el año comercial 2029. Las rentas generadas en años en que aún rige algún porcentaje de restitución conservan esa obligación aunque se retiren más adelante, un punto que exige llevar con cuidado el control del registro SAC.


Otra modificación relevante es que, desde el 01 de enero de 2027, las ganancias de capital por la enajenación de acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil, reguladas en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dejan de constituir renta. Hasta el cierre de 2026 siguen afectas al impuesto único de 10%.


  1. Beneficios transitorios y plazos para acogerse


La ley permite a quienes mantienen saldos históricos en el Fondo de Utilidades Reinvertidas, en el Saldo Total de Utilidades Tributables o en retiros en exceso del antiguo régimen acogerlos a un impuesto único y sustitutivo de 10%, sin derecho a los créditos asociados. La opción debe ejercerse dentro de ocho meses desde la publicación, es decir, hasta el 17 de junio de 2027, mediante la declaración y el pago simultáneo en el formulario que establezca el Servicio de Impuestos Internos. Se trata de una decisión que requiere un análisis previo de cada registro, porque la renuncia a los créditos puede volver inconveniente la opción según el caso.


En materia de deudas, la Tesorería General de la República queda facultada por ciento ochenta días desde la publicación, esto es, hasta el 15 de abril de 2027, para dar facilidades de pago respecto de obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, a personas naturales y a micro, pequeñas y medianas empresas. En pago al contado puede condonar hasta 100% de los intereses y hasta 80% de las multas; en convenio, hasta 95% y 75% respectivamente, con un pie de al menos 10% del capital, un máximo de cuarenta y ocho cuotas y no más de tres convenios por contribuyente. La condonación otorgada en un convenio queda sujeta a condición resolutoria: si se incumple cualquier cuota, el convenio queda sin efecto y se reanuda el devengo de los intereses y multas originales.


Las deudas municipales por patentes, derechos de aseo y permisos de circulación devengadas dentro de los tres años anteriores al 01 de enero de 2026 pueden regularizarse con condonación total de intereses y multas. La solicitud se presenta por escrito ante la municipalidad dentro de los doce meses contados desde el 01 de diciembre de 2026, y la municipalidad resuelve en treinta días hábiles emitiendo un giro con el monto adeudado más los reajustes. El interesado dispone de doce meses desde la resolución para pagar, o de treinta y seis meses tratándose de derechos de aseo, y la municipalidad puede autorizar el pago en cuotas a solicitud fundada. Si el pago no se efectúa dentro del plazo, la regularización queda sin efecto y se hace exigible la deuda original.


La norma agrega que, pagada íntegramente la deuda regularizada, caduca el derecho de la municipalidad a cobrarla. Además, la ley faculta a la municipalidad para renunciar expresamente a la acción de cobro respecto de obligaciones susceptibles de prescripción, aunque no regula con claridad la forma en que debe materializarse esa renuncia. Por ello, antes de acogerse al procedimiento conviene revisar si existen deudas respecto de las cuales pueda alegarse la prescripción.


En síntesis, la regularización de saldos históricos y las facilidades de pago de Tesorería están abiertas desde la publicación de la ley. Las solicitudes de regularización municipal, las donaciones acogidas a la rebaja y la exención transitoria de IVA inmobiliario comienzan el 1 de diciembre de 2026 y duran un año. La declaración de activos en el exterior y el estatuto de invariabilidad tributaria comienzan el 1 de enero de 2027.


  1. Donaciones y patrimonio familiar


Para la planificación patrimonial, una de las modificaciones más relevantes es la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones. El artículo primero transitorio otorga, por una sola vez respecto de cada donante, una rebaja de 50% del impuesto, para donaciones otorgadas por escritura pública dentro de un año contado desde el primer día del mes subsiguiente a la publicación, esto es, desde el 1 de diciembre de 2026. Las donaciones acogidas quedan liberadas del trámite de insinuación judicial.


El beneficio tiene condiciones estrictas. Solo pueden acogerse las donaciones a legitimarios y asignatarios de cuarta de mejoras, salvo que el donante no tenga tales asignatarios; el total donado no puede exceder 50% del patrimonio del donante; este debe acreditar mediante declaración jurada que cuenta con bienes de valor al menos equivalente al doble de lo donado; y el notario no puede autorizar la escritura sin que se acredite la presentación de esa declaración y el pago del impuesto. La donación al cónyuge se considera irrevocable, y si el donatario enajena el bien dentro de tres años, el costo tributario será el menor entre el del donante y el que habría correspondido al donatario. Además, el impuesto puede financiarse con mutuos de las sociedades cuyos derechos se donan, pactados al menos en unidades de fomento y con plazo máximo de diez años, sin que se aplique la tributación del artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.


En el mismo ámbito, desde el 1 de enero de 2027 la vivienda principal de personas de 65 años o más queda exenta en un 100% del impuesto territorial, incluidos estacionamientos y bodegas asociados. El beneficio exige una declaración jurada anual, estar al día en el pago de los derechos de aseo y del impuesto territorial del año anterior, y solo puede invocarse respecto de un inmueble. En caso de copropiedad, todos los copropietarios deben ser personas naturales, y al menos uno debe residir efectivamente en el inmueble y tener el 50% de los derechos. La ley contempla una excepción para quienes hayan adquirido por sucesión de su cónyuge o conviviente civil al menos el 25% de los derechos sobre la vivienda. La obtención improcedente del beneficio mediante declaraciones maliciosamente falsas se sanciona con una multa de 300% del impuesto eludido y una inhabilitación de diez años.


  1. Vivienda: exención de IVA y arriendo de viviendas económicas


La ley establece una exención transitoria de IVA en la primera venta de viviendas nuevas, que el vendedor puede elegir y que requiere que la vivienda cuente con recepción definitiva anterior a la fecha de publicación. El artículo cuarto transitorio la hace regir durante un año contado desde el primer día hábil del mes subsiguiente al de la publicación, esto es, desde el 01 de diciembre de 2026. También pueden acogerse las compraventas escrituradas después de vencido ese plazo, siempre que tengan como antecedente una promesa de compraventa otorgada por escritura pública, o por instrumento privado protocolizado, dentro del período de vigencia.


Se prevé además una devolución respecto de las compraventas otorgadas por escritura pública entre la fecha de ingreso del mensaje presidencial que inició la tramitación de la ley y el 1 de diciembre de 2026, que cumplan los requisitos y por las cuales ya se pagó el IVA, siempre que la escritura mencione expresamente esta circunstancia y el vendedor acredite haber restituido el IVA a los compradores que lo soportaron. En todos los casos el vendedor conserva el crédito fiscal asociado a la construcción y comercialización, y la exención no procede entre empresas relacionadas.


En materia de arriendo, la ley modifica el estatuto de las viviendas económicas del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1959 (DFL 2), y conviene distinguir tres situaciones. Las personas naturales dueñas de tres o más viviendas económicas, cuyas viviendas no estén asignadas a una empresa individual, pueden optar, desde la tercera, por un impuesto único de 5% sobre el importe bruto de las rentas de arrendamiento, sin deducciones, siempre que cada vivienda tenga hasta 90 metros cuadrados de superficie edificada y se arriende a personas no relacionadas. Respecto de las dos primeras viviendas se mantiene el tratamiento vigente de ingreso no renta.


Las personas jurídicas propietarias de viviendas económicas, y las personas naturales que las hayan asignado a su empresa individual, a partir de la tercera, pueden acogerse al mismo impuesto conforme al artículo 24 ter, pero con requisitos adicionales: deben tener giro exclusivo de cesión del uso o goce de estas viviendas, comunicar la opción al Servicio de Impuestos Internos en el aviso de inicio de actividades, no pueden volver a ingresar al régimen si lo abandonan y quedan excluidas de la devolución del artículo 27 bis de la ley del IVA.


Por último, un régimen transitorio permite que quienes compren, dentro de los doce meses siguientes a la publicación y a personas no relacionadas, viviendas económicas nuevas de hasta 140 metros cuadrados puedan tributar con el mismo impuesto único de 5% por las rentas de arrendamiento generadas desde el 1 de enero de 2027.


  1. Activos en el extranjero e inversión: regularización y estatuto de invariabilidad


El artículo tercero transitorio establece un sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes y rentas en el exterior, vigente por doce meses desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación, es decir, durante 2027. Se paga un impuesto único y sustitutivo de 10% sobre el valor declarado, que baja a 7% si los bienes se ingresan al país y se mantienen invertidos en Chile por al menos cinco años. Solo pueden acogerse bienes adquiridos antes del 1 de enero de 2026 y las rentas que provengan de ellos, y la ley menciona expresamente los criptoactivos o activos virtuales entre los bienes elegibles, lo que hace especialmente relevante este régimen para quienes mantienen activos digitales fuera del país.


El régimen exige acreditar el dominio y la fecha de adquisición con documentación legalizada o apostillada, valorizar los bienes conforme a reglas específicas y cumplir las normas antilavado de la ley N° 19.913. Excluye, entre otros, a quienes hayan sido condenados, formalizados o sometidos a proceso por delitos tributarios, de lavado de activos o de la ley N° 20.393, y a quienes hayan sido objeto de una citación, liquidación o giro del Servicio de Impuestos Internos antes del 1 de enero de 2026 respecto de los mismos bienes. Cumplidos los requisitos, la ley presume de derecho la buena fe del contribuyente y extingue las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas de la omisión, con las salvedades que el propio texto indica.


Para proyectos de gran escala, el artículo 26 crea, a contar del 1 de enero de 2027 o de la entrada en vigencia de la ley si fuese posterior, un estatuto de invariabilidad tributaria abierto a inversionistas extranjeros y locales, mediante un contrato con el Estado suscrito por el Ministerio de Hacienda. No se trata de una protección general frente a cualquier cambio tributario: ampara los conceptos que la propia norma y el contrato determinan, tomando como referencia los impuestos vigentes a la fecha del contrato, y la suscripción del contrato no implica aprobar el proyecto ni reemplaza sus permisos sectoriales. Exige una inversión mínima de USD 50 millones y asegura invariabilidad por diez años para inversiones entre USD 50 y USD 100 millones, por quince años entre USD 100 y USD 350 millones y por veinte años desde USD 350 millones, contados desde la puesta en marcha del proyecto.


A cambio, la tasa de impuesto de primera categoría fijada en el contrato se incrementa en un 1,5%, según la expresión de la propia ley, cuyo alcance preciso conviene confirmar con la interpretación administrativa que se dicte. Además, la deuda relacionada no puede superar tres veces el capital propio tributario, bajo pena de perder la invariabilidad. Las controversias deben someterse primero a mediación y, si fracasa, el inversionista puede exigir arbitraje, el que no se extiende a las potestades de fiscalización y liquidación del Servicio de Impuestos Internos.


  1. Créditos y capacitación para empresas


La ley crea un crédito de 15% sobre la parte de las remuneraciones de los trabajadores vinculados a la prestación de servicios del conocimiento calificados como exportación, parte que se determina según el porcentaje que representan los ingresos de exportación sobre los ingresos totales de la empresa. El crédito tiene un tope de 75 unidades tributarias mensuales por trabajador y aumenta en cinco puntos para empresas con casa matriz o sucursales fuera de la Región Metropolitana o en comunas rurales de esta, siempre que los trabajadores beneficiados desempeñen sus labores principalmente en esos domicilios. El remanente no da derecho a devolución, pero puede imputarse a ejercicios posteriores, y el beneficio es incompatible con otras franquicias basadas en remuneraciones, salvo la bonificación de la ley N° 19.853.


Otro crédito, que rige desde el 01 de enero de 2027, otorga un saldo total de 150 unidades tributarias mensuales por trabajador, imputable contra el impuesto de primera categoría, por los pagos que el empleador efectúe para financiar tratamientos de enfermedades catastróficas del trabajador, de sus hijos de 25 años o menos, o de su cónyuge o conviviente civil. Las 150 unidades constituyen un tope para toda la relación laboral, no un beneficio que se renueve cada año, y el exceso puede deducirse como gasto necesario. Exige una antigüedad laboral de al menos dos años, pagos directos a prestadores acreditados y no cubre prestaciones financiadas por Fonasa, isapres o seguros. Tampoco se aplica a los desembolsos que beneficien a quienes sean propietarios, nudo propietarios o usufructuarios de al menos el 10% de las acciones o derechos sociales, ni a sus cónyuges, convivientes civiles, parientes ascendientes o descendientes, o colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, una limitación especialmente relevante en las empresas familiares. Las enfermedades comprendidas deberán determinarse por decreto supremo.


En capacitación, la franquicia tributaria baja de 1% a 0,7% de la planilla anual de remuneraciones imponibles, la imputación por acción se limita a 80%, 50% o 15% de los gastos según el nivel de remuneración del trabajador, y se excluyen de la definición de capacitación las actividades puramente recreativas y las de autoinstrucción sin intervención efectiva de un relator o tutor. Los cursos ya inscritos deberán adecuarse dentro de seis meses.


  1. Permisos ambientales y patrimonio arqueológico


La ley introduce modificaciones relevantes al sistema de evaluación de impacto ambiental. Reemplaza el artículo 20 de la ley N° 19.300 y establece un recurso especial de reclamación, con plazo de treinta días, que se resuelve por el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental tratándose de declaraciones de impacto ambiental, y por un comité de ministros en el caso de los estudios; su resolución solo puede reclamarse ante el Tribunal Ambiental dentro de veinte días. Las medidas cautelares que suspendan los efectos de una resolución de calificación ambiental tendrán una duración máxima de treinta días, renovables, con un tope de seis meses, salvo nuevas medidas excepcionales. Se agrega un régimen especial de tramitación al que los titulares pueden acogerse voluntariamente, y el umbral de ingreso al sistema para las centrales generadoras de energía quedará fijado por un nuevo reglamento, que no podrá ser inferior a 3 MW.


En el ámbito del patrimonio, el nuevo artículo 26 de la ley N° 17.288 obliga a informar inmediatamente a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales sobre los hallazgos históricos, antropológicos, arqueológicos o paleontológicos, y a adoptar medidas para su resguardo. El Consejo dispone de veinte días corridos para pronunciarse, y vencido el plazo el interesado puede solicitar un certificado de vencimiento, salvo que el hallazgo involucre restos humanos u osamentas. Además, el plazo para invalidar actos administrativos del artículo 53 de la ley N° 19.880 se reduce de dos años a un año.


¿Su empresa o su patrimonio pueden aprovechar estas medidas?


En C&L Abogados analizamos caso a caso si conviene acogerse a las regularizaciones transitorias, estructuramos donaciones familiares dentro de los límites que fija la ley y asesoramos a proyectos de inversión que evalúen el estatuto de invariabilidad tributaria.


Si tiene dudas sobre cómo afecta esta ley a su empresa, a su patrimonio personal o a un proyecto en curso, o sobre los plazos que deben cumplirse, también podemos orientarle.


 
 
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