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10 nov
6 min de lectura

Patentes por no uso de aguas: qué ocurre con los derechos que ya estaban en el listado


El régimen de patentes por no utilización de derechos de aprovechamiento de aguas, incorporado al Código de Aguas por la ley N° 20.017 y modificado por la ley N° 21.435, es una de las cargas más relevantes para quienes mantienen derechos sin haber construido las obras necesarias para ejercerlos. Con la reforma surgió una duda de fondo ¿qué régimen se aplica a los derechos que ya figuraban en el listado de derechos afectos al pago de patente cuando la nueva ley entró en vigor?. La Contraloría General de la República se pronunció sobre ese punto en su dictamen N° D435N26, de 23 de octubre de 2026, y su criterio es el que la Dirección General de Aguas deberá reflejar en las instrucciones y circulares que emita sobre la materia.


Dos leyes y dos fórmulas de cálculo


Bajo la ley N° 20.017, el monto de la patente dependía de dos variables. La primera era el tiempo de no utilización, a mayor tiempo sin uso, mayor patente, con un factor de 2 entre los años sexto y décimo y de 4 desde el año undécimo en adelante. La segunda era un criterio geográfico, es decir, fórmulas o valores diferenciados según la ubicación de los derechos o de las cuencas hidrográficas respectivas.


La ley N° 21.435 suprimió esa distinción territorial y estableció una fórmula única para cada tipo de derecho. Para los derechos no consuntivos de ejercicio permanente, el artículo 129 bis 4 del Código de Aguas considera un factor de 0,33, que se aplica sobre el caudal medio no utilizado y el desnivel entre la captación y la restitución; para los consuntivos de igual naturaleza, el artículo 129 bis 5 fija un valor anual de 1,6 unidades tributarias mensuales por cada litro por segundo. La reforma mantuvo la lógica progresiva en el tiempo, en el caso de los no consuntivos, entre los años undécimo y décimo quinto el monto se multiplica por cuatro, y en los quinquenios siguientes ese factor se duplica sucesivamente. Para los consuntivos rige una regulación análoga. Los derechos de ejercicio eventual, por su parte, tienen una regla particular en el artículo 129 bis 6, que excede el objeto de esta nota.


El problema práctico estaba en la transición. La propia ley contiene dos disposiciones transitorias cuya aplicación conjunta generaba dudas interpretativas. El artículo sexto transitorio dispone que los derechos ya incorporados en el listado continúan sometidos a la ley N° 20.017, pero que, a partir del año décimo sexto en los no consuntivos y del año undécimo en los consuntivos, se les aplica la regla de multiplicación progresiva de la nueva normativa. El artículo décimo sexto transitorio, por su parte, establece que desde el tercer año todas las patentes por no uso del país se calcularán con la misma fórmula, sin distinguir ubicación geográfica. La pregunta era si esta última norma desplazaba a la primera.


Lo que resolvió la Contraloría


El dictamen concluye en dos sentidos. En primer lugar, los plazos que fija el artículo sexto transitorio se cuentan desde la entrada en vigor de la ley N° 21.435. La Contraloría fundamenta esta conclusión en la historia fidedigna de la ley, de la cual aparece que el legislador buscó que las patentes de los derechos ya listados se cobraran en forma progresiva, con un plazo especial que permitiera a los titulares ajustar el financiamiento de sus proyectos. Contar los plazos desde la nueva ley, y no desde el régimen anterior, es lo que permite esa aplicación gradual.


En segundo lugar, el artículo décimo sexto transitorio no desplaza al sexto. Aunque el primero establece como regla general la fórmula única sin distinción geográfica, los derechos que ya estaban en el listado quedan sujetos a la regulación especial del segundo. Como respecto de ellos siguen aplicándose las normas de la ley N° 20.017, la Contraloría entiende que corresponde mantener el criterio geográfico para determinar el monto de la patente.


Qué significa en la práctica


La consecuencia es que, mientras dure la transición, coexisten dos categorías de derechos con reglas de cálculo distintas, de modo que una misma empresa puede ser titular de derechos sometidos a regímenes diferentes. Los derechos que estaban en el listado cuando entró en vigor la reforma siguen calculando la patente conforme al esquema anterior, incluido su componente geográfico, y solo enfrentarán la regla de multiplicación progresiva de la nueva ley al llegar al año décimo sexto o undécimo, según se trate de derechos no consuntivos o consuntivos, contado desde la entrada en vigor de la ley N° 21.435. Respecto de los derechos que no estaban incorporados en los listados al entrar en vigor la ley N° 21.435, no opera esta regla especial de conservación del régimen anterior, y si quedan afectos al pago de patente su cálculo se sujeta al régimen general aplicable. No estar incorporado en los listados al momento de entrada en vigor de la reforma no significa que el derecho quede exento del pago de patente en períodos posteriores.


También es importante el alcance del pronunciamiento. El dictamen obliga a la Administración, y en particular a la Dirección General de Aguas, que deberá considerarlo para impartir instrucciones y emitir circulares, modificando las vigentes en lo que corresponda. No es una sentencia ni vincula a los tribunales, de modo que los titulares de derechos comprendidos en el régimen especial debieran revisar los montos determinados y las actuaciones administrativas que los sustentan, sin presumir que el dictamen modifica automáticamente los cobros anteriores: fija una interpretación para la Administración, pero no resuelve liquidaciones individuales.


Qué conviene revisar


El primer paso es determinar si cada derecho estaba incorporado en el listado de derechos afectos a patente al momento de entrada en vigor de la ley N° 21.435, porque de ello depende el régimen aplicable. El segundo es clasificar el derecho como consuntivo o no consuntivo, ya que el año a partir del cual opera la multiplicación progresiva es distinto. El tercero es distinguir tres cómputos que no deben confundirse: la antigüedad relevante para calcular la patente, el inicio de los plazos especiales del artículo sexto transitorio y, cuando corresponda, los plazos de extinción por falta de uso. El dictamen fija un criterio para el segundo de ellos, sin reemplazar las demás reglas temporales del Código de Aguas.


Con esa información, las empresas pueden estimar el costo futuro de mantener derechos sin uso y evaluar la construcción de las obras de captación necesarias para ejercer el derecho, que deben ser aptas para la utilización efectiva del caudal en los términos del artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, pues no basta cualquier obra material para quedar fuera de la patente. Tratándose de proyectos de inversión que dependen de agua, como los hidroeléctricos, los agrícolas o los de acuicultura, la proyección de esta partida puede incidir en la evaluación del negocio.


Esa evaluación debe considerar además el régimen de extinción por falta de utilización efectiva, porque el pago de la patente no asegura, por sí solo, la conservación del derecho. La ley N° 21.435 contempla la extinción total o parcial de los derechos que no se utilicen durante cinco años, en el caso de los consuntivos, o diez años, en el de los no consuntivos. Para los derechos constituidos con anterioridad a la reforma y válidamente incorporados al listado correspondiente al proceso de cobro de 2023, la DGA ha señalado, mediante su Circular N° 9, de 2 de septiembre de 2026, que los plazos de extinción se cuentan desde el 16 de enero de 2023, de modo que vencerían el 16 de enero de 2028 y el 16 de enero de 2033, respectivamente, sin considerar las causales legales de suspensión. Son plazos distintos de los de progresividad de la patente que examina el dictamen, y su vencimiento no extingue el derecho de manera automática, pues exige el procedimiento administrativo correspondiente.


¿Su empresa es titular de derechos de aprovechamiento de aguas sin uso?


En C&L Abogados revisamos carteras de derechos de aprovechamiento de aguas para determinar su situación frente al régimen de patentes por no uso, verificamos si se encuentran en el listado, qué régimen transitorio les resulta aplicable, cómo se computan los plazos y qué contingencia económica proyectan en los próximos años. También asesoramos en la revisión de cobros y en las presentaciones ante la Dirección General de Aguas.


Si tiene dudas sobre cómo afecta este criterio a sus derechos o a un proyecto en evaluación, también podemos orientarle.


 
 
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