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30 oct
7 min de lectura

Patrimonio reservado de la mujer casada: acreditar la actividad no basta, hay que acreditar el origen de cada bien


En el régimen de sociedad conyugal, la regla general es que todo bien adquirido a título oneroso durante el matrimonio, por cualquiera de los cónyuges, ingresa al haber de la sociedad. Así lo dispone el artículo 1725 N° 5 del Código Civil. El patrimonio reservado de la mujer casada que ejerce un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido, regulado en el artículo 150 del mismo Código, es la gran excepción a esa regla. La discusión práctica, sin embargo, rara vez gira en torno a si la mujer desarrolla o no una actividad separada, sino a algo más fino, si un bien determinado se adquirió efectivamente con los recursos de esa actividad. Cuando ese origen no puede demostrarse, pueden surgir controversias patrimoniales relevantes, que suelen aflorar al disolverse la sociedad conyugal.


La regla general y su excepción


El artículo 150 establece que la mujer casada que desempeña una actividad separada de la de su marido se considera separada de bienes respecto de ese ejercicio y de lo que en él obtenga, sin perjuicio de cualquier estipulación en contrario. Es una norma de protección histórica, pensada para un escenario en que la mujer casada en sociedad conyugal carecía de plena administración patrimonial. El marido, en cambio, no tiene un patrimonio reservado equivalente, lo que él adquiere a título oneroso durante el matrimonio es, por regla general, social. Tampoco debe confundirse esta institución con los bienes propios de cada cónyuge, sujetos a reglas particulares de composición, administración y recompensas dentro del régimen de sociedad conyugal.


La misma norma pone expresamente la carga de la prueba en la mujer. Le incumbe acreditar, tanto frente al marido como frente a terceros, el origen y el dominio de los bienes adquiridos conforme a ese artículo, y para ello puede valerse de todos los medios de prueba que establece la ley. A ello se suma la presunción del artículo 1739, según la cual los bienes que existan en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad se presumen pertenecientes al haber social, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario, y ni la declaración de uno de ellos que afirme que la cosa es suya, ni la confesión del otro, ni ambas juntas, se estiman prueba suficiente.


El error más frecuente: probar la actividad, no la adquisición


Una cuestión decisiva en estas controversias es que acreditar el ejercicio de una actividad económica no equivale a acreditar que un bien concreto se adquirió con sus frutos. El inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, la carpeta tributaria y las declaraciones de renta o de IVA pueden servir para acreditar el ejercicio de una actividad económica, pero no demuestran necesariamente que esta se desarrolle separadamente de la del marido ni que los recursos empleados en la adquisición de un bien determinado provengan de ella. Lo que debe acreditarse, mediante antecedentes suficientes y concordantes, es que los recursos utilizados para adquirir el bien provenían del ejercicio de la actividad separada.


Esa prueba debe permitir establecer que, al momento de la adquisición, los recursos utilizados provenían de la actividad separada, aunque su acreditación pueda realizarse posteriormente mediante los medios de prueba admitidos por la ley. La distinción entre el hecho que debe probarse y el momento en que se constituye la prueba es importante, lo que se exige es que el origen de los fondos corresponda a la fecha de la compra, no que todos los documentos que lo respalden hayan sido preparados en ese mismo instante.


Esta distinción se vuelve crítica cuando faltan antecedentes tributarios para los años en que se adquirieron los bienes. Que no se aporte documentación tributaria de esos períodos no demuestra que no existieran rentas, pero priva a quien invoca el patrimonio reservado de un antecedente relevante, y la sola circunstancia de que la actividad haya comenzado años antes no permite presumir que el bien se pagó con su producto. Tampoco resulta suficiente, sin más, la existencia de créditos con garantía estatal para pequeñas empresas obtenidos en esos años. Dependiendo de sus condiciones y finalidad, esos fondos pueden destinarse a capital de trabajo, a pagar deudas o a invertir en el giro, y quien los invoca debe demostrar que efectivamente se destinaron a la adquisición del inmueble o del derecho de que se trate.


Dos planos distintos: el origen de los fondos y la constancia en la escritura


Conviene distinguir con cuidado dos cuestiones que suelen mezclarse. La primera es la prueba del origen de los fondos, que el inciso tercero del artículo 150 radica en la mujer. La segunda es la constancia documental de que la adquisición se efectúa conforme a esa norma, cuestión relevante para la certeza jurídica y la posterior revisión de los títulos. El texto legal no establece expresamente que esa declaración en la escritura sea un requisito constitutivo del carácter reservado del bien. Lo que sí contempla su inciso cuarto es una protección específica para ciertos terceros que contratan con la mujer, siempre que ella haya acreditado mediante instrumentos públicos o privados, a los que se haga referencia en el acto respectivo, que ejerce o ha ejercido una actividad separada de la de su marido.


Con todo, se ha sostenido que, mientras la sociedad conyugal está vigente, el silencio del título respecto de la adquisición conforme al artículo 150 y de los fondos empleados dificulta sostener después que el bien es reservado, porque la regla general es que lo adquirido a título oneroso es social y porque, de otro modo, se trataría el régimen vigente como si fuera uno de separación total de bienes. Se trata de una interpretación, no de un mandato expreso de la ley, pero tiene una consecuencia práctica evidente. Dejar constancia en la escritura de que la mujer actúa conforme al artículo 150, y de cuál es el origen de los fondos, reduce el riesgo probatorio y da certeza frente a terceros.


Para quien compra, para quien presta con garantía y para quien estudia títulos, esto significa que una propiedad inscrita a nombre de una mujer casada en sociedad conyugal, cuya escritura no contiene esa declaración, no debería analizarse como un bien reservado por el solo hecho de que la titular ejerza una actividad económica. La ausencia de esa mención es una señal de alerta que conviene resolver antes de contratar, no después.


La renuncia a los gananciales no sanea el origen


Disuelta la sociedad conyugal, los bienes comprendidos en el patrimonio reservado entran en la partición de los gananciales, a menos que la mujer o sus herederos renuncien a estos últimos. Es habitual, entonces, que la mujer otorgue una escritura de renuncia a los gananciales en la que enumera los bienes que considera reservados, y que se solicite al Conservador una anotación marginal en las inscripciones respectivas.


La enumeración de bienes contenida en esa escritura no constituye, por sí sola, prueba suficiente de su carácter reservado frente al otro cónyuge o a terceros. La renuncia produce sus efectos propios, pero no reemplaza la necesidad de acreditar que esos bienes fueron adquiridos en las condiciones previstas en el artículo 150. Si el bien integraba el haber social al momento de la disolución, su inclusión en la escritura de renuncia no altera retroactivamente esa calificación ni permite atribuirle, por ese solo hecho, el carácter de reservado. Y la anotación marginal practicada con posterioridad, si no tiene respaldo en la prueba del origen del bien, puede ser dejada sin efecto por la vía judicial, sin que ello afecte la validez de la renuncia como declaración.


La prueba testimonial: admisible, pero no siempre suficiente


Aunque el artículo 150 permite acreditar el origen de los bienes mediante todos los medios de

prueba establecidos por la ley, ello no significa que cualquier declaración testimonial resulte suficiente. Su valor se pondera caso a caso, y la contraparte puede invocar las reglas generales sobre la prueba de las obligaciones, cuya aplicación a este supuesto admite discusión. Más allá de esa discusión, en su valoración resulta relevante examinar la concordancia de las declaraciones, la razón de los dichos y el grado de conocimiento que los testigos tienen de los hechos que afirman.


En la práctica, las declaraciones genéricas sobre que la mujer trabajaba y obtenía créditos, los testigos que conocen los hechos solo por lo que otros les contaron y las contradicciones sobre el modo de pago debilitan considerablemente la prueba. Además, si los testigos describen una actividad desarrollada en conjunto con el marido, puede resultar difícil sostener que se trataba de una actividad separada, lo que debe examinarse en cada caso según la actividad efectivamente desarrollada. La prueba documental que permita seguir el destino de los fondos, como movimientos bancarios, comprobantes de pago y destino de los créditos, puede ofrecer una solidez mucho mayor.


Qué significa para cónyuges, compradores y acreedores


Para la mujer que ejerce una actividad separada, la lección es de planificación, conviene dejar constancia en cada escritura de que adquiere conforme al artículo 150, señalar el origen de los fondos y conservar la trazabilidad bancaria y tributaria de cada operación, sea que se trate de un inmueble o de un derecho de aprovechamiento de aguas. Esperar a la disolución de la sociedad conyugal para reconstruir el origen de los bienes suele ser tardío y costoso. Para el otro cónyuge, la presunción de pertenencia al haber social y la insuficiencia de la declaración unilateral contenida en la renuncia a los gananciales pueden constituir fundamentos para controvertir judicialmente, mediante una acción declarativa, el carácter reservado de determinados bienes. Y para terceros, sean compradores, acreedores o entidades que otorgan financiamiento, la revisión de los títulos debe prestar atención no solo al nombre del titular, sino al régimen patrimonial vigente al momento de la adquisición y a lo que la escritura declara sobre su origen.


¿Puede acreditar que sus bienes forman parte de su patrimonio reservado?


En C&L Abogados asesoramos en la estructuración y respaldo del patrimonio reservado del artículo 150, incluida la redacción de las escrituras de adquisición, la preparación de la prueba documental del origen de los fondos, la tramitación de renuncias a los gananciales y el ejercicio o la defensa de acciones declarativas sobre la calidad de bienes sociales o reservados. También realizamos estudios de títulos que consideran el régimen matrimonial de los titulares, para reducir el riesgo en compraventas y garantías.


Si tiene dudas sobre la situación de un bien inscrito a nombre de uno de los cónyuges, sobre las consecuencias de una renuncia a los gananciales o sobre cómo documentar de forma adecuada una adquisición, también podemos orientarle.


 
 
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