Puente Cau Cau: el caso que marcó un precedente sobre la responsabilidad del Estado en contratos de obra pública 

Luego de más de una década de conflicto judicial, la Corte Suprema resolvió uno de los casos más polémicos en materia de infraestructura pública en Chile. Se trata del conflicto entre la empresa constructora española AZVI y el Estado chileno, que surgió por las fallas en la construcción del Puente Cau Cau en Valdivia. El máximo tribunal falló a favor de la empresa, estableciendo que los errores que provocaron el mal funcionamiento del puente no fueron imputables a la constructora, sino al diseño aprobado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

El fallo tiene un alto impacto jurídico, económico y administrativo, ya que obliga al Estado a indemnizar a la empresa, y confirma que una deficiente definición técnica y contractual por parte de la administración puede derivar en millonarios perjuicios fiscales. 

¿Qué ocurrió con el Puente Cau Cau? 

En 2011, la empresa AZVI fue adjudicada por el MOP para la construcción del primer puente basculante del país, en el marco del programa “Legado Bicentenario”. Sin embargo, en 2015 se detectaron fallas en el sistema de levante del brazo sur del puente, lo que derivó en la paralización de la obra, la terminación anticipada del contrato por parte del Estado, y posteriormente, en una larga disputa judicial. 

Durante los años siguientes se realizaron diversos peritajes que arrojaron conclusiones contradictorias. No obstante, en 2019 el 28° Juzgado Civil de Santiago estableció que los problemas estructurales del puente no fueron consecuencia de una mala ejecución por parte de AZVI, sino de deficiencias en el diseño original. Ese fallo fue confirmado en 2023 por la Corte de Apelaciones, y ahora ratificado en última instancia por la Corte Suprema. 

¿Por qué este caso es relevante? 

Este fallo genera un importante precedente en materia de contratación pública, al reafirmar que el Estado también puede ser responsable cuando el contrato se origina sobre la base de errores técnicos en el diseño, aun cuando el contratista haya cumplido con lo exigido. 

Además, refuerza la importancia de contar con contratos sólidos, asesorías técnicas independientes y respaldo legal desde el inicio del proceso licitatorio. Muchas veces, los proyectos de infraestructura enfrentan dificultades no por fallas en la ejecución, sino por vacíos en la planificación, omisiones técnicas o cláusulas contractuales poco claras. 

¿Cómo pueden prepararse las empresas? 

Empresas nacionales y extranjeras que participan en licitaciones públicas o contratos de infraestructura deben ser conscientes de los riesgos jurídicos asociados. Contar con una asesoría legal especializada puede marcar la diferencia entre una ejecución fluida o un conflicto de años con consecuencias económicas graves. 

En C&L Abogados somos expertos en contratación pública, derecho administrativo y litigios complejos con el Estado. Asesoramos a empresas desde la etapa de licitación hasta la ejecución, cierre y defensa de sus derechos ante controversias contractuales.  Evita sorpresas. Conversemos hoy y construyamos una estrategia legal que te proteja en cada etapa del proceso. 

📩 Escríbenos a contacto@clabogados.cl o visita www.clabogados.cl para agendar una reunión. 

Fuente