SMA exige evaluación ambiental a loteo en Mulchén

El pasado 01 de julio de 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) notificó al titular del proyecto inmobiliario “Parcelas Los Boldos”, en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, el inicio de un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA. Esta acción se basó en indicios en los que el proyecto —que contempla la división de un predio rural en 203 parcelas— habría comenzado su ejecución sin someterse a evaluación ambiental, lo que contraviene la legislación vigente.

Según la SMA, se constató que el loteo incluye obras de urbanización como caminos interiores, accesos y subdivisión predial, sin contar con resolución de calificación ambiental (RCA). El proyecto también fue publicado en portales de venta como “Parcelas Los Boldos”, lo que demuestra su estado avanzado de comercialización. En la inspección realizada, se observaron faenas, despeje de vegetación y apertura de caminos, actividades que podrían tener impacto ambiental significativo y que requieren autorización previa conforme a la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

Además, la SMA advirtió que el terreno presenta formaciones vegetales nativas y cuerpos de agua cercanos, por lo que el impacto acumulado o sinérgico de este tipo de desarrollos en la zona podría ser relevante. Este procedimiento no implica sanción inmediata, pero sí obliga al titular a presentar antecedentes técnicos que justifiquen su actuar. En caso contrario, el proyecto podría ser obligado a detener sus actividades, someterse tardíamente al SEIA o enfrentar sanciones. 

Este caso pone en evidencia una realidad que se ha vuelto recurrente: el desarrollo de proyectos inmobiliarios rurales sin una evaluación previa de sus impactos ambientales. Muchas veces se presume erróneamente que por tratarse de subdivisiones fuera del área urbana no se requiere autorización ambiental. Sin embargo, la ley establece que ciertos tipos de intervenciones, según su magnitud, naturaleza y ubicación, deben ser evaluadas previamente, y no hacerlo puede traer consecuencias jurídicas y económicas significativas. 

Para desarrolladores, compradores e incluso intermediarios inmobiliarios, esta situación representa un riesgo creciente. Un proyecto que no cumple con la normativa puede ser paralizado, perder su valor comercial o arrastrar a sus compradores a escenarios complejos, como títulos observados, retrasos en la inscripción o afectación patrimonial. La fiscalización ambiental está avanzando hacia estas zonas con mayor intensidad, y el caso “Los Boldos” es un claro ejemplo. 

En C&L Abogados acompañamos a diversos actores en procesos de regularización ambiental, defensas administrativas y evaluaciones previas de proyectos inmobiliarios rurales. Anticiparse es clave. Si estás evaluando participar en un desarrollo de este tipo —como titular, inversionista o adquirente— podemos ayudarte a identificar riesgos, definir estrategias y actuar con respaldo jurídico. 

Una consulta oportuna puede marcar la diferencia entre una inversión segura o un conflicto prolongado. 

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