Tribunal argentino anula sentencia por uso indebido de inteligencia artificial: un precedente clave para el uso ético de la IA en el ámbito judicial 

La reciente decisión de la Cámara Penal de Esquel, en la provincia de Chubut (Argentina), ha generado un intenso debate en el mundo jurídico y tecnológico. El tribunal anuló una sentencia condenatoria tras descubrir que el juez de primera instancia había utilizado una herramienta de inteligencia artificial generativa para redactar parte del fallo. En el texto incluso se detectó una frase propia de estas plataformas: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”, lo que evidenció la intervención directa de un sistema automatizado en la elaboración del documento judicial. 

¿Por qué se anuló la sentencia? 

El tribunal consideró que el uso de inteligencia artificial sin supervisión humana vulneró derechos fundamentales del proceso penal, entre ellos el debido proceso, el principio del juez natural y la trazabilidad del razonamiento judicial. Según el fallo, la decisión carecía de la autoría real del juez, elemento esencial para garantizar la legitimidad y la independencia del poder judicial. 

Además, los magistrados subrayaron que las herramientas de IA, aunque útiles para tareas de apoyo, no pueden reemplazar el juicio crítico, la argumentación jurídica ni la responsabilidad profesional que recae en quienes dictan sentencia. La ausencia de control humano y de transparencia en la fuente de los textos generados hizo que el fallo fuera declarado inválido. 

Un debate regional sobre el uso ético de la IA 

Este caso no solo tuvo repercusión en Argentina, sino que también abrió una conversación más amplia en América Latina sobre la necesidad de establecer marcos normativos que regulen el uso de inteligencia artificial en la administración de justicia y en la práctica profesional. 

En Chile, por ejemplo, aún no existe una legislación específica que regule el uso de IA en el ámbito judicial, pero el tema está siendo observado por el Poder Judicial y diversas instituciones académicas, conscientes de que la incorporación de estas tecnologías debe hacerse con plena responsabilidad y transparencia. 

La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para optimizar procesos, analizar jurisprudencia o facilitar el acceso a la información jurídica. Sin embargo, su aplicación debe estar sujeta a principios éticos, al resguardo de los derechos fundamentales y al control humano permanente. 

El rol del derecho frente a la inteligencia artificial 

Desde la perspectiva jurídica, este tipo de casos nos obliga a reflexionar sobre la autoría, la responsabilidad y la validez de los actos jurídicos cuando interviene una herramienta automatizada. ¿Qué ocurre si una resolución judicial, un contrato o un informe legal es generado parcial o totalmente por IA sin supervisión? ¿Quién asume la responsabilidad por un error o sesgo en el contenido? 

El derecho debe avanzar en paralelo con la tecnología, promoviendo el uso responsable de la inteligencia artificial y estableciendo límites claros que eviten su uso indebido. La transparencia en la utilización de estas herramientas y la obligación de informar su participación en documentos judiciales o administrativos son pasos esenciales hacia una regulación moderna y efectiva. 

C&L Abogados y el compromiso con la ética tecnológica 

En C&L Abogados creemos que la innovación tecnológica es un aliado del ejercicio profesional, siempre que se utilice dentro de los marcos legales y éticos adecuados. La incorporación de inteligencia artificial en los procesos judiciales, administrativos o corporativos debe ser transparente, auditada y complementaria al trabajo humano, nunca sustitutiva. 

Nuestro equipo asesora a empresas, instituciones y fundaciones en la implementación responsable de herramientas tecnológicas, garantizando el cumplimiento normativo, la protección de datos y la integridad de los procesos. 

Si tu organización está considerando integrar soluciones de IA, te ayudamos a diseñar políticas internas y protocolos que aseguren su uso ético y conforme a la ley. 

Fuente